Como se sabe en los ultimos dias se conocio que la favorecida amiga del Presidente Regional, Javier Alvarado, no fue ratificada como Magistrada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Por su parte el Dr. Gaston Soto Vallena anuncio que en los proximos dias se emitira las resoluciones.
Como se conoce La Dra. Luz Gladys Roque Montesillo, Presidente de la Corte Superior de Cañete, fue denunciada ante la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial - OCMA, por la señora Vicepresidenta del Gobierno Regional de Lima, Lita Román Bustinza.
Con carta N° 10-2011-GRL de fecha 16 de noviembre, se denuncia ante el Jefe del Órgano de Control de la Magistratura, Dr. Enrique Mendoza Ramírez el conflicto de intereses existente entre la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cañete, Dra. Luz Gladys Roque Montesillo con el Presidente del Gobierno Regional de Lima, Javier Alvarado Gonzales del Valle.
Dice la denuncia que la señorita Luz Diana Iris Quesada Roque, hija de la Dra. Gladys Roque Montesillo, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cañete, se encuentra laborando en la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lima.
“Este hecho constituye una gravísima irregularidad, debido a que el señor Javier Alvarado Gonzales del Valle, es actual Presidente del Gobierno Regional Lima y ha sido denunciado por diversos delitos cometidos contra el Estado, cuando fue alcalde del distrito de Lunahuaná y luego como Alcalde de la provincia de Cañete”, señala el documento, con el que también se hace conocer las denuncias signadas con el número 1106010102-2007- 559-0, por peculado, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir, formuladas por la Contraloría General de la República.
También se menciona el caso N° 1106014501-11-62-0, formulado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, por los cargos de peculado, apropiación ilícita, utilización de caudales, falsedad genérica, abuso de autoridad, omisión, colusión de funcionarios públicos y otros.
Ante esta situación, la Vicepresidenta solicita se aperture investigación a la referida magistrada porque podría estar influenciando en los procesos de Javier Alvarado para quien la Fiscalía Provincial de Cañete ha solicitado ocho años de pena privativa de libertad.
Ciudadano de Lunahuaná Orlando de la Cruz Yactayo exige inmediata apertura de instrucción a denunciado Javier Alvarado Gonzales del Valle. Con fecha 29 de noviembre de 2011, el ciudadano del distrito de Lunahuaná, Orlando Luis de la Cruz Yactayo, en su condición de administrado, se dirige a la Dra. Luz Gladys Roque Montesillo, solicitándole la apertura de instrucción inmediata al denunciado Javier Alvarado Gonzales del Valle por los delitos de colusión, peculado y asociación ilícita para delinquir y se dicte sentencia contra los respectivos procesados.
Señala el documento presentado por De la Cruz Yactayo, que él fue autor de la denuncia presentada ante la Contraloría General y la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República contra el ex Alcalde del distrito de Lunahuana, Javier Alvarado Gonzales del Valle, por los presuntos ilícitos penales cometidos en agravio de dicha Comuna, la sociedad y el Estado peruano, en el emblemático caso del irregular cobro de Un millón de dólares a Telefónica del Perú, en donde se habrían asociado de manera ilícita para delinquir una serie de personas y en la cual también habría participado la abogada Liliana Torres Castillo, conforme a la comunicación que hizo el denunciante a la Fiscalía.
Agrega De la Cruz Yactayo que el monto cobrado irregularmente a la empresa Telefónica del Perú, se le habría dado un mal uso y que ya el Poder Judicial habría sentenciado a favor de la demandante, por lo que la actual gestión municipal de Lunahuaná, tendría que devolver todo el dinero que fuera cobrado ilegalmente por la gestión de Alvarado Gonzales del Valle, cuando fue Alcalde de Lunahuaná y en donde estarían incluídos los intereses, costas y costos, sin que el pueblo de Lunahuaná se haya beneficiado con alguna obra importante.
EL EXPEDIENTE 233-2011-00801-JR-PE-02
Con este número de expediente, el Ministerio Público de Cañete, sin que le tiemble la mano a su Fiscal Superior, ha denunciado al principal inculpado Javier Alvarado Gonzales del Valle, por los delitos de colusión, peculado y asociación ilícita para delinquir, cuyo expediente ya estaría en el despacho de la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cañete y que por la trascendencia del caso y a sabiendas que el expediente estuvo congelado por cerca de ocho años en el despacho de un mal Fiscal, la señora Presidente de la Corte de Cañete, estaba en la obligación de darle celeridad, pero parece que estaría haciendo todo lo contrario y que esa actitud favorecería al denunciado, porque la demanda podría prescribir.
Entonces la población comienza a pensar y sospechar que la más alta magistrada de la Corte Superior de Justicia estaría actuando sin el celo que debe imponer al cargo que representa, simplemente porque su señorita hija es empleada del procesado.
El administrado Orlando de la Cruz Yactayo señala en su carta dirigida a la Presidenta de la Corte Superior de Cañete, que ha tomado conocimiento por publicaciones periodísticas que hay denuncias sobre que Cañete también tendría su “Lavandería Judicial”, una especie de “Lavandería del Norte”, mote que le han impuesto a la Corte Superior de Huaura, por algunos hechos irregulares cometidos por malos jueces, que felizmente ya han sido defenestrados.
Señala también que existiría EXCESIVA demora de parte de los honorables señores magistrados a cargo de expedir sentencia contra ciertas autoridades, entre las que se encontrarían Ulises Rodríguez Lázaro, José Arias Chumpitaz y la abogada Liliana Torres Castillo, por presuntos actos de corrupción en agravio de las municipalidades de Yauyos, de Asia y del Estado.
De la Cruz Yactayo, le recuerda a la señora Presidenta de la Corte Superior de Cañete que en el caso de la Municipalidad distrital de Asia hay un involucrado en prisión, resultando por demás extraño que los principales inculpados se encuentren gozando de libertad, por no existir sentencia, no obstante el excesivo tiempo transcurrido.
CONFLICTO DE INTERESES
Yactayo también se refiere a otra nota periodística que señala “Más conflicto de intereses entre Javier Alvarado y el Poder Judicial”, en donde se involucraría a la honorable persona de la Presidenta de la Corte de Cañete, por estar supuestamente trabajando en el Gobierno Regional de Lima la señorita hija de la magistrada Presidente, Diana iris Quesada Roque, quien estaría laborando en el departamento de Asesoría Jurídica.
Y también estaría trabajando la sobrina, Lorena Echevarría, en la Dirección Regional de Transporte.
El denunciante señala que de ser cierto esto, se configuraría una gravísima falta de ética, obstaculizaría y no garantizaría una correcta administración de justicia.
Humildemente Orlando de la Cruz Yactayo, le sugiere a la más alta magistrada de la Corte Superior de Cañete, que sus familiares renuncien a seguir trabajando en la región Lima, para evitar comentarios que dañen su alta y honorable investidura.
INMEDIATA APERTURA DE INSTRUCCIÓN
Lo que está solicitando el ciudadano cañetano Orlando de la Cruz Yactayo, no es ningún disparate, ni un atrevimiento. Es un derecho que tenemos todos los peruanos de dirigirnos a cualquier funcionario o autoridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política del Perú, cuyo inciso 20°, señala que toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.
A fin de año, De la Cruz Yactayo debe estar recibiendo la respuesta de la magistrada. Ojala que para esa fecha no haya prescrito la denuncia.
Por tanto, solicita que la señora Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cañete disponga la inmediata apertura de instrucción contra el denunciado Javier Alvarado Gonzales del Valle y los involucrados en este caso y asimismo se dicte la sentencia respectiva contra los procesados Ulises Rodríguez Lázaro, José Arias Chumpitaz y Liliana Torres Castillo, teniéndose especial consideración al momento de emitir sentencia, el agravio contra el Estado peruano y que se debe sentar precedente para erradicar la lacra social de la corrupción que empobrece cada día más a nuestro país e impide su desarrollo en perjuicio de los pobres.
También se le recuerda a la Presidenta de la Corte de Cañete, que cuando un delito es cometido por funcionario público la pena es mayor y, en este particular caso, amerita que en su oportunidad las sentencias sean drásticas, ejemplarizadoras y que caiga todo el rigor de la Ley contra los que han delinquido y robado al Estado.
Ocho años para el demandante es muy poquito y le puede quedar chico al denunciado. Dice Yactayo que el lugar de los delincuentes de saco y corbata es la cárcel y que así se erradicará de raíz la lacra social de la corrupción y se caminará hacia un país con futuro para las nuevas generaciones. Ojalá que así lo entienda la señora Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cañete.
(texto de PUNTO DE ENCUENTRO y video de GM NOTICIAS)
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