Congreso deriva caso de Javier Alvarado al Ministerio Público para que formalice denuncia

 

Estas denuncias contenidas en informes finales con resultados de las investigaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que los aprobó por unanimidad en su sesión del miércoles 25 de mayo del 2011, bajo la conducción de su titular, José Vega Antonio (UPP), fueron derivadas al Ministerio Publico para su formalización final y se culmine con las investigaciones.

LA JUSTICIA TARDA DEMASIADO

Alvarado había declarado que había que esperar que el pleno apruebe ese dictamen, algo que eso es totalmente falso, porque solo los ex parlamentarios y ex ministros tienen la atribución del ante juicio a través del pleno congresal, en su caso como ex alcalde todo lo investigado por la comisión de Fiscalización y Contraloría pasa directamente a las instancias correspondientes, por lo que su situación se complica, a pesar de que apuradamente a manifestado que todo esto es una persecución política, nada más alejado de la realidad, pues como ex autoridad debe de afrontar las consecuencias de las presuntas irregularidades y delitos de función, como único representante legal de esas comunas.

PRIMER CASO : LUNAHUANA COFOPRI

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) habría entregado en forma irregular un terreno eriazo de 44 mil hectáreas para construir, sobre ellas, casas de campo en el distrito de Lunahuaná; El informe se refiere a funcionarios de COFOPRI, que habrían adjudicado terrenos eriazos en el anexo Con Con (fundo La Escondida) a favor de Eduardo Parodi Gonzales Prada, Gino Herrera Reyna y Julio Piccini Larco, supuestamente para el cultivo de paltas (variedad hass). Sin embargo, dichos terrenos fueron puestos a la venta a 12 dólares el metro cuadrado para la construcción de viviendas, a través de la empresa Inversiones Río Azul, propiedad de los tres beneficiados.

SEGUNDO CASO: CAÑETE FINVER.

La denuncia se refiere a la presuntamente irregular adquisición de un terreno para el futuro hospital regional de Cañete.

El informe señala que el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Cañete, Javier Alvarado Gonzales, dos ex gerentes de la misma entidad, funcionarios y jefes zonales y abogados de Cofopri, entre otros, habrían cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deber funcional, negociación incompatible, y delito contra la fe pública, en este último caso por los adjudicatarios de los terrenos eriazos.

En este mismo informe se sindica al mismo ex alcalde provincial y actual presidente de la región Lima JAVIER ALVARADO, funcionarios y otras personas por presuntos malos manejos de la cuenta del Fondo de Inversiones (FINVER- Cañete), en la que se habría girado indebidamente 270 cheques por el monto de más de cuatro millones de soles. La denuncia comprende la presuntamente irregular exoneración del proceso de selección a fin de lograr la compra de un terreno de 23.5 has para la construcción del Hospital Regional de Cañete; y otros hechos irregulares ocurridos en la gestión del ex alcalde Alvarado Gonzales del Valle.

En este caso se habría cometido delitos de peculado, falsedad genérica, abuso de autoridad, negociación incompatible, y otros, por los cuales ya fueron denunciados ante la Contraloría y el Ministerio Público, al Ministerio del Interior y a la Cofopri, para que continúen las investigaciones y proceden conforme a ley.

Fuente: Congreso de la república/